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La publicación de la orden, el pasado 13 de abril, confirmó y superó las denuncias y demandas públicas de la comunidad escolar del Conservatorio Superior de Música de Canarias, que manifestaban la imposibilidad de ofrecer la excelencia educativa exigible en la enseñanza pública superior; la citada Orden corrobora lo que se denunciaba respecto a la caótica gestión del desarrollo de la norma, subraya la indefensión de la comunidad escolar que no ha participado tampoco en esta redacción final, y deja a la luz la falta de criterio experto y profesional en las decisiones tomadas al definirse. De las siete especialidades que el Decreto ministerial posibilita y de las cinco especialidades que se impartían en Canarias con la LOGSE (recién derogada), se pasa a la oferta de una sola especialidad para las dos sedes (Gran Canaria y Tenerife) y con respecto a las dos especialidades que supuestamente implanta en una u otra sede, se les impone una condición de número mínimo de matrículas anuales (condición inaudita en este tipo de normativa) que hace irrealizable que se puedan desarrollar aquí, pero no sólo aquí, sino en ningún Conservatorio del territorio nacional si las comunidades autónomas en las que se encuentran hubieran tomado la opción que ha tomado el Gobierno de Canarias. ¿Qué ocurrirá si en una promoción completa no tenemos una de esas especialidades, lo que será lo normal con esas condiciones?, pues que las enseñanzas superiores en Canarias no cumplirán el Decreto de mínimos para implantar el Grado en Música, ya que obliga a un mínimo de tres especialidades. A esta cuestión, el Director General responsable de la orden dice en su comunicado a la prensa «Hemos llegado hasta donde podíamos”, ¿con eso quiere decirnos que se renuncia al Grado en Música?

La manifiesta falta de previsión de la administración educativa, se reflejan para el Director General Manuel Jorge Pérez, en que “la adaptación de las enseñanzas artísticas superiores al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha representando un proceso complejo, motivado especialmente por la tardía publicación, a finales del pasado curso 2009/2010, de la normativa básica sobre los planes de estudio de Grado, por parte del Ministerio de Educación, sin tiempo suficiente para que las Comunidades Autónomas pudieran elaborar y desplegar adecuadamente la normativa de desarrollo posterior”. ¿Cómo se explica entonces que comunidades autónomas con menor población que Canarias como Asturias, u otras con tres conservatorios Superiores como la Comunidad Valenciana, tengan su implantación desde septiembre u octubre de 2010, más completas y sin nuestras gravosas condiciones y enormes deficiencias? ¿Ha tenido en cuenta el Gobierno la condición geoestratégica de ultraperificidad que tiene nuestro territorio? ¿Es fácil para los estudiantes vocacionales irse a estudiar fuera de nuestra comunidad ya que esta no les va a ofrecer la posibilidad de estudiar especialidades tradicionales aquí?. ¿Ha basado la Administración en algún estudio de inserción laboral la selección de especialidades, cómo se va a dotar Canarias de especialistas en producción de espectáculos musicales, sonología, docentes de música para escuelas de música, conservatorios profesionales o IES; compositores o investigadores?

La orden no da respuesta alguna a cómo se van a implantar los estudios de posgrado, y la Administración tampoco ha propuesto cómo ni cuándo se van a integrar las enseñanzas artísticas superiores en las enseñanzas universitarias, cuándo van a tener las mismas condiciones que el resto de enseñanzas superiores, cómo se va a promover la carrera profesional del profesorado permitiéndose la imprescindible compatibilización de las tareas propias de cualquier enseñanza superior –tanto docentes como investigadoras- con las actividades artísticas que nos son propias; pero es que tampoco salvaguarda la supuesta autonomía del centro (al que la administración, en estos momentos en que estamos adscritos a la Direción Gral de FP, enseñanzas medias, le tiene su Consejo Rector paralizado e inoperativo); y todo ello, declarando que el reto de estas enseñanzas se debe “afrontar desde el máximo consenso y la máxima colaboración de todos los sectores implicados”.

Queremos suponer que esta declaración del Director General implicará en un futuro un cambio hacia la democratización, teniendo en cuenta la opinión del sector de la Enseñanza Superior Musical, que hasta ahora, y en todo este proceso, ha sido simplemente, un convidado de piedra. ¿Están el Director General y la Consejería de Educación dispuestos a asumir el reto más allá de la declaración de intenciones? Por todo ello, anunciamos inminentes movilizaciones y actividades reivindicativas de la comunidad educativa tras la Semana Santa, que serán informadas próximamente.