En el magnífico libro de Joan Gracia La cultura bajo el franquismo se describe cómo se ha censurado a lo largo de la historia: autocensura, censura eclesiástica, aristocrática y monárquica, económica, política y, por último, «censura administrativa».
Esta última fue la practicada desde el 36 hasta el 79 del siglo pasado en España y dio al traste con la renovación pedagógica, científica, educativa y cultural de España. La censura administrativa impregna todas las capas de la Administración.
De oficio, la ejercían cientos de funcionarios de los ministerios, especialmente de Educación y Ciencia y de Información y Turismo. Desde el mismo momento de plasmar una idea sobre el papel, esta debía someterse al estudio y la lectura por parte de este mecanismo ministerial: obras de teatro, guiones de radio, canciones, ediciones de periódicos, ediciones de libros escolares, todo.
Te lo podían prohibir desde ese primer paso —el libreto— o más adelante: la edición, el disco, la puesta en escena. Se ejercía desde Madrid y desde cada uno de los gobiernos civiles y las delegaciones de Información y Turismo de las distintas provincias. He visto en esos años a los censores presenciar pases previos de un espectáculo (Tábano), pedir las letras de las canciones de un recital (Julia León), cerrar exposiciones ya colgadas en galerías independientes, pedir guiones y letras de las canciones de un programa de radio (Radio Valladolid) y prohibir festivales veinticuatro horas antes de su comienzo (Encuentro Estatal de Cantautores, Valladolid 74-75). Ya en 1979, a Teloncillo se nos calificó «para mayores de 16 años» una obra para niños con poesía, música, marionetas y sombras chinescas. ¿Problema? El título.
Todo inútil: una gran pérdida de tiempo y energía.
Ante eso, solo quedaba la «autocensura» o arriesgarse a que la policía clausurara el acto. Varias generaciones cerrando el grifo de su imaginación si querían sobrevivir en España… o se marchaban al exilio cultural y se ganaban mejor la vida (Tábano, Joglars).
Ahora parece que PP y Vox de Castilla y León quieren explorar este camino que en su día marchitó la creación en España. La última «trastada» de este capítulo es la suspensión del espectáculo Federico. No hay olvido ni sueño: Carne viva, de la compañía Proyecto 43-2, en el Centro Cultural Miguel Delibes (¡qué paradoja! El mismo Delibes al que reprendían desde Gobernación por no entregar la información que se iba a publicar al día siguiente en El Norte de Castilla). Ni el texto del montaje ni la puesta en escena habían sido rechazados por ninguna instancia administrativa previa; tampoco se habían rechazado las representaciones en otras provincias, pero «el gordo» cayó en Valladolid, patria chica de su autora y directora, María San Miguel.
Ahora quieren «perpetrar» una normativa de subvenciones al audiovisual que las deniegue cuando haya «adoctrinamiento». ¿Inventarán el «adoctrinómetro»? ¿Se lo aplicarán a la tauromaquia y a las procesiones?
Esta tarde nos plantaremos delante de la inauguración de la 71.ª edición de la SEMINCI —en los 60, Festival de Cine Religioso—, a la que acusan, sin dar dato alguno, de «no ser demasiado neutral ideológicamente». Alucinante.
Bien es verdad que esto coincide con las noticias que nos llegan desde Bogotá sobre la retirada de obra artística de su Museo Nacional y con la censura de la CAM de un montaje teatral sobre Teresa de Cepeda y Ahumada. Entre otras tropelías.







